Llego a través de la web libremercado.com a la preocupante noticia de que Fomento negocia con las principales constructoras españolas el fin de las carreteras gratuitas.
Con el peligroso planteamiento inicial (que nos recuerda demasiado lo que se planteó en su día en el sector financiero) de las graves consecuencias económicas que tendría para el Gobierno (y para el país) que alguna de las constructoras «grandes» se declarasen en una situación de insolvencia, una vez más parece que la solución es la misma de siempre: que pague el pueblo.
Desde luego resulta comprensible que las empresas del sector más importantes (ACS, Ferrovial, Abertis o FCC) se reúnan e intenten buscar soluciones ante la disminución de obra pública prevista, pero lo que ya resulta más preocupante es que consigan imponer sus demandas al Gobierno.
No puede ser que la ciudadanía asuma una vez más el problema concreto de un sector, ante la caída de la demanda (pública) del mismo, porque esto incidiría de nuevo en aumentar el déficit de las familias, disminuyendo su capacidad de consumo, y poniendo una nueva traba al crecimiento del país.
Es cierto que es necesario buscar soluciones a este sector, como a tantos otros que están pasando por un problema similar, debido a la crisis generalizada en todo el país.
Medidas como fusiones de empresas, internacionalización de las mismas, o adaptación a las nuevas necesidades de conservación de las carreteras, debe ser el camino seguido, pero no nuevas imposiciones y tributos a los ciudadanos.
El simple anuncio de esta reunión, como paso previo a la posible creación de la medida, ha recibido todo tipo de críticas por parte de la ciudadanía, que no entiende cómo se puede plantear esto en un momento como el actual. Como muestra de las opiniones generadas, no hay nada mejor que leer el artículo y los comentarios surgidos en la web de menéame, para ver hasta qué punto es necesario que esta propuesta no acabe viendo la luz.